NOTA DE PRENSA
Un informe deontológico de la Comisión de Arbitraje recomienda la incorporación de personas con discapacidad al ejercicio profesional del periodismo
-En España hay más de 4 millones de personas con discapacidad y 80 en Europa
-El informe reconoce el importante papel de los medios en el proceso de integración social de este colectivo
-Aconseja cauces de relación fluidos entre los medios y las organizaciones representativas de la discapacidad.
-Recoge códigos de buenas prácticas que recomiendan evitar el lenguaje discriminatorio y estigmatizado
-Incluye decálogo CERMI que recomienda reflejar las noticias de personas con discapacidad con normalidad
-La Comisión de Arbitraje ha dictado 5 resoluciones relacionadas con la discapacidad
-El Código Deontológico de la profesión periodística recoge el deber de extremar el celo en el respeto a los derechos de los más débiles y discriminados
La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ha elaborado un informe sobre Medios de Comunicación y Discapacidad en el que reconoce el importante papel de los medios en el proceso de integración de las personas con discapacidad y recomienda la incorporación de estas al ejercicio profesional del periodismo y una mayor relación entre los medios y las organizaciones representativas de la discapacidad.
Con la finalidad de conseguir un mejor tratamiento informativo de los problemas que afectan a las personas con discapacidad, la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, una iniciativa de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) como órgano de autocontrol deontológico de la profesión periodística, ha elaborado un informe con el que pretende colaborar a reflexionar sobre el papel que los medios desempeñan en la inclusión social de este importante colectivo.
En España hay cerca de cuatro millones de personas con discapacidad, lo que supone que aproximadamente un 10 % de la población tiene algún género de discapacidad y, de ellas, el 74,0% (2,8 millones) tiene dificultades para realizar las actividades básicas de la vida ordinaria.
Este importante colectivo, más sus familias y allegados, están muy sensibilizados e interesados en el tratamiento que los medios de comunicación realizan sobre esta cuestión. Y defienden sus derechos a través de más 7.000 asociaciones y entidades integradas en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), una plataforma de representación, defensa y acción de este colectivo.
A nivel europeo, hay más de 80 millones de personas con discapacidad que están integradas en la organización no gubernamental EDF (European Disability Forum) que se encarga del seguimiento de todas las iniciativas comunitarias y de proponer directivas y reglamentos que aseguren su plena integración.
Las quejas presentadas ante la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, relacionadas directamente con la discapacidad llevaron a la citada Comisión a la decisión de unificar criterios tanto desde el punto de vista legal como referencial para arbitrar las quejas de quienes se consideran afectados por determinados comportamientos informativos de los medios de comunicación. De las 122 resoluciones que ha realizado la Comisión, 3 han estado referidas a personas autistas, 1 a un menor dependiente y otra a un enfermo mental. En dos de ellas, se apreció la vulneración del Código Deontológico de la profesión periodística.
Con el fin de unificar criterios, el informe recoge tanto la normativa nacional –desde la Constitución a la última regulación de los derechos de las personas con discapacidad de 2013- como la internacional, en especial, las recomendaciones de la Convención Internacional de Naciones Unidas de 2006 que supuso un “cambio paradigmático” de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad y que estableció, entre otras cosas, la obligación ética de los medios de comunicación de colaborar a la visibilidad y a la plena integración de este importante segmento social. En su artículo octavo, la Convención fija los criterios y los objetivos que deben enmarcar la estrategia de relación entre los medios y las organizaciones representativas de la discapacidad.
El informe hace referencia también a trabajos sobre códigos de buenas prácticas para adecuar los tratamientos informativos y el lenguaje a las peculiaridades de las diferentes discapacidades y destaca, entre otras recomendaciones, el abandono del enfoque caritativo o victimista para centrarse en los verdaderos problemas que afectan a las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho; darles voz como ciudadanos independientes y protagonistas de sus propias vidas o evitar el lenguaje discriminatorio y estigmatizante, como los adjetivos minusválido o incapaz.
También incluye una especie de decálogo del CERMI que resume las reivindicaciones más importantes de las organizaciones representativas a favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades. Entre otros planteamientos, defiende que los medios, al tratar una noticia o una imagen relacionada con este colectivo, deben reflejarlo con la más absoluta normalidad.
Alude a la memoria anual que el CERMI viene elaborando desde 2008, en la que realiza un seguimiento en España de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Desde entonces, se han recogido dieciséis denuncias de vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad interpuestas por las organizaciones representativas o bien por particulares. La mayoría de las presuntas vulneraciones fueron causadas en programas de televisión no informativos, y por lo tanto no atribuible a los profesionales de la información, sino a guionistas o presentadores. Los temas objeto de denuncia van desde la utilización indebida de términos o vocablos ofensivos, la no utilización de lengua de signos en las televisiones públicas o la burla o menoscabo de la dignidad de las personas con discapacidad.
Estos informes sobre Vulneración de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Discapacidad, elaborado por el CERMI, junto con las resoluciones de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontologías del periodismo son los dos instrumentos de que se dispone en España para conocer el nivel de exigencia y el comportamiento de los medios de comunicación respecto a la discapacidad.
Las quejas presentadas en dicha Comisión se hacen en base al incumplimiento del Código Deontológico de la profesión periodística, aprobado por la FAPE en 1993, que declara que el periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de los más débiles y los discriminados y que por ello, debe mantener una especial sensibilidad en los casos de informaciones u opiniones de contenido eventualmente discriminatorio o susceptibles de incitar a la violencia o a prácticas humanas degradantes.
El informe sobre Medios de Comunicación y Discapacidad elaborado por la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología concluye que los medios, como instrumentos de información, divulgación y generación de opinión, tienen un papel preponderante en el proceso de integración de las personas con discapacidad. Y asegura que, más allá del ámbito estrictamente informativo, los medios, muy particularmente los audiovisuales, a través de los contenidos de ocio y entretenimiento, tienen una dimensión extraordinaria en la creación de pautas de comportamiento social que repercuten muy directamente en la imagen de las personas con discapacidad, aunque reconoce que este no es el alcance de este informe que se limita obviamente a los aspectos informativos derivados del ejercicio de la profesión periodística.
El informe concluye con el reconocimiento del importante papel de los medios en el proceso de integración de las personas con discapacidad como instrumentos de información, divulgación y de generación de opinión.
En segundo lugar, aconseja que se establezcan cauces de relación más fluidos y profesionales entre los medios y las organizaciones representativas de la discapacidad, teniendo en cuenta el importante papel que los medios juegan en los procesos de inclusión.
Por último, recomienda la incorporación de personas con discapacidad al ejercicio profesional del periodismo, mediante la disponibilidad de los instrumentos y de las ayudas técnicas necesarias que las nuevas tecnologías facilitan
