El Consell de la Informació de Catalunya y el Col.legi de Periodistes de Catalunya manifiestan su rechazo a que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sea extraditado a Estados Unidos y juzgado por violar la Ley Federal de Espionaje de Estados Unidos, aprobada en 1917. Esto afectaría directamente a la libertad de información y el derecho a saber de todos los ciudadanos, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo occidental. El proceso contra Assange amenaza la libertad de información porque los motivos aducidos en su acusación describen el trabajo que normalmente realizan los y las periodistas. La extradición y posterior juicio criminalizaría a las prácticas periodísticas, y sería un precedente de efectos irreparables por las democracias del mundo.
Las funciones de los periodistas en las sociedades democráticas están descritas por los expertos y avaladas por la práctica desde hace más de 200 años. La prensa se encarga de informar a la ciudadanía y contribuye a formar su opinión para que pueda participar en el proceso democrático de cada país. Pero los periodistas también deben vigilar a los poderes y quienes los ejercen, en nombre de los ciudadanos. Y esto significa denunciarlos cuando no actúan correctamente, cuando violan la legalidad o la ética, cuando no son eficientes en su labor pública o cuando, directamente, la hacen mal. Porque los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a saberlo.
Para llevar a cabo las funciones que las democracias occidentales han asignado a la prensa, los periodistas deben buscar la información a través de todas las fuentes posibles y contrastarla para tener la certeza de su veracidad. Y este compromiso democrático llega hasta la divulgación de aquella documentación que los gobiernos u otros poderes consideran secreta, si su relevancia pública hace necesaria su publicación.
El Consell i el Col·legi consideran que la documentación aportada por Assange es valiosa para la opinión pública porque ha descubierto malas prácticas de gobiernos de distintos países, sobre todo de Estados Unidos. Ha permitido conocer crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Por estos documentos se ha conocido que los gobernantes estadounidenses toleraron casos de torturas de los iraquíes o el error de dar el visto bueno a ataques que acabaron con la vida de gente inocente, periodistas incluidos.
Los documentos de Assange han permitido, también, conocer el espionaje industrial de Estados Unidos o la existencia de cuentas secretas de gobernantes, funcionarios y celebridades de todo el mundo en paraísos fiscales. Todas las informaciones publicadas han sido verídicas y pueden ser comprobadas por los usuarios de WikiLeaks.
A pesar de que CIC y Col.legi no aprueban todos los métodos de proceder de Assange, la decidida oposición a su extradición y juicio se basa en la necesidad de no confundir la línea que separa la información del espionaje, en el que se basa el proceso contra el fundador de WikiLeaks. No tener en cuenta esta línea permitiría que prácticas habituales de los periodistas sean consideradas como delito. En Estados Unidos, la Ley de Espionaje de 1917 nunca se ha utilizado contra periodistas. Si se hiciera ahora contra Assange, sería una grave amenaza para la prensa libre y por el derecho a la información de toda la ciudadanía.
